Una positiva acogida entre parlamentarios y asociaciones de consumidores tuvo el proyecto de ley del Gobierno —ya ingresado a la Cámara de Diputados— que busca regular en forma más profunda el mercado del gas. En específico, propone reestructurar el negocio de la distribución de gas licuado del petróleo (GLP), garantizar acceso abierto al mercado de gas natural de red y perfeccionar negocios entre firmas relacionadas. La iniciativa, que recoge sugerencias entregadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a partir de un estudio de mercado cuya versión final se dio a conocer a fines de diciembre, encendió las alarmas en la industria. El principal motivo radica en que el proyecto promueve la desintegración completa del mercado mayorista respecto del minorista en el gas licuado de cilindros, es decir, establece una prohibición completa para que compañías como Abastible, Lipigas y Gasco participen en ambos negocios, incluso a través de empresas relacionadas.

A través de Gasco GLP, la compañía controlada por el grupo Pérez Cruz ostenta poco menos de un 30% de la participación de mercado del gas licuado en Chile, lo que la posiciona como el tercer actor en el negocio.

En su primera entrevista desde que asumió en abril de 2020 como gerente general de Empresas Gasco, Víctor Turpaud lamenta que el Gobierno haya optado por acelerar la discusión a dos meses de su término y a pocas semanas del receso legislativo. ‘Llama la atención profundamente el poco tiempo que se tomó el Gobierno para sacar un proyecto de ley desde el informe final de la FNE’, manifiesta. Además, estima que, de aprobarse como está planteado el proyecto, ‘probablemente algunos distribuidores minoristas terminen sacrificando sus buenas condiciones de servicio para ser más competitivos en términos de precio. Es algo que genera mucha incertidumbre’.

—Con el proyecto de ley sobre la mesa y ya ingresado al Congreso. ¿Qué opinión tienen sobre la iniciativa?

‘Es un mal proyecto, que sigue al pie de la letra las recomendaciones de un mal informe de la FNE. La Fiscalía no contrastó sus datos con la realidad de lo que ocurre en el mercado. Ese es el error. La iniciativa no va a favorecer a los consumidores, sino que los terminará perjudicando, principalmente por una baja en la calidad del servicio. Más allá de eso, estamos disponibles para participar en la discusión legislativa’.

—Ustedes han sostenido reuniones con organismos del Gobierno. ¿Cómo ha sido esa acogida?

‘Viendo la premura con la que salió el proyecto de ley después del informe final de la FNE —que prácticamente no movió una coma respecto de su preinforme—, nos hace ver que nuestros comentarios no fueron considerados. No nos sentimos escuchados y eso hay que decirlo con todas sus letras. Estamos a dos meses de que se termine este Gobierno y a dos semanas del receso legislativo. Queremos seguir reuniéndonos con las autoridades de Gobierno en lo que queda, pero ya especialmente pensando en las autoridades de la futura administración’.

—Frente al informe de la FNE, hay parlamentarios que se han referido a ‘indicios de colusión’. ¿Es efectivo?

‘La FNE nunca dice que exista colusión o coordinación. Se limitó a decir que es una industria que presenta riesgos de coordinación, lo cual es absolutamente distinto. Es grave que haya parlamentarios que emitan juicios tan livianos e irresponsables señalando que hay coordinación o colusión’.

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